LA HERENCIA SOCIALISTA

El Gobierno del Partido Popular ha recibido la peor herencia de la democracia. Y esta no es simplemente una frase hecha sino la realidad que asumimos desde la responsabilidad que la mayoría de los españoles han puesto en nosotros. Una realidad que deben conocer los ciudadanos a la hora de valorar las primeras medidas que está adoptando el Gobierno de Mariano Rajoy, unas medidas difíciles pero necesarias ante una situación inimaginable. Una situación que deja un agujero en las cuentas públicas, donde el Gobierno socialista nos lega una cifra de paro que en la EPA del cuarto trimestre puede alcanzar los 5,4 millones de parados.
Y estas con ser unas barbaridades importantes no son las únicas. Hay que recordar o mejor dicho, hay que revelar que en 2011 los socialistas salieron del Gobierno gastando 90.000 millones de euros más de lo que ingresamos. A cada español le generaron una deuda de 2.000 euros.
La situación es mucho peor de lo que preveíamos antes de llegar al Gobierno. Hasta noviembre de 2011 el Gobierno socialista insistió en una cifra de déficit del 6% para el conjunto de las administraciones públicas.
Durante el traspaso de poderes, hasta en tres ocasiones, se negaron a facilitar un dato oficial.
Fue el 26 de diciembre (y no antes) cuando la Intervención General del Estado desveló la cifra del 8%, que incluso podrá superarse en unas décimas. Abandonaron pues el barco, dejándolo a la deriva y sin dar la señal de socorro.

Por si les parecía poco, el boquete adicional era de 20.000 millones de euros (3.000 de la Administración General del Estado, 1.500 de las corporaciones locales y 15.000 correspondiente a las CC.AA.).
Ni siquiera las comunidades gobernadas por el Partido Popular pudieron prever su situación financiera. El Gobierno se negó, una y otra vez, a prorrogar los PGE como se le había pedido y mantuvo unas previsiones para 2011 que resultaron ser falsas.
No pueden decir (y si lo hacen así mienten) que conocíamos la situación. Ni siquiera los recortes que aplicaron las CCAA del Partido Popular tras las elecciones del 22 de mayo pudieron paliar la situación heredada.
Por si no fuera suficiente, en la Seguridad Social (como ya ocurriera en 1996) nos encontramos un desfase de 5.000 millones respecto de las previsiones. Tras llenárseles la boca con la defensa de las políticas sociales, los socialistas volvieron a marcharse limpiando la caja. Solo lo salva el fondo de reserva que en su día creó el Partido Popular.

Frente a esta situación, el Gobierno del PP ha demostrado que sabe establecer prioridades y que antepone la equidad, la justicia y la protección social. Lo contrario de lo que hizo el PSOE en el Gobierno, cuando recortó las pensiones, el sueldo de los empleados públicos y subió el IVA, afectando por igual a los que más tienen y a los más vulnerables.
Estamos, pues, obligados a tomar medidas, a hacer lo que los socialistas ni quisieron ni supieron hacer. Reformaremos la economía, ajustaremos el gasto y aumentaremos los ingresos.

La piscina de bolas

Hay algunos lugares comunes sobre los que el PSOE despliega toda su capacidad manipuladora cuando se acercan las elecciones para tratar de cautivar a los ciudadanos. Cuestiones en las que se mueven como un niño en una piscina de bolas: exaltados y movedizos. La recurrente amenaza sobre las pensiones esta vez no cuela porque el propio PSOE las congeló no hace mucho. La cantinela de la memoria histórica se antoja poco nutritiva electoralmente en tiempos de gran aprieto económico y paro galopante. Queda lo de ricos y pobres, lo del programa oculto, lo de recortar servicios sociales.

Habiendo elevado el gobierno socialista el paro juvenil hasta el 45%, no se recata Rubalcaba a la hora de presumir de combatirlo a partir de ahora con eficacia. Es un ejemplo del asidero incandescente al que debe agarrarse para salvar los muebles y contener el batacazo. El guión general es bien conocido. Pero la incoherencia entre una gestión nefasta de la crisis y el ensalmo milagroso de la recuperación pesa demasiado negativamente sobre el discernimiento de los españoles como para confiar en el éxito. Hacen falta muchas ayudas. Medios que amartillen el clavo, una y otra vez, para darle alguna entidad aunque sea en clave de consumo propio.

La flojedad del temario argumental socialista no desanima a TVE que secunda con entusiasmo todos los intentos. Podemos escribir con tanta antelación lo que el PSOE/Rubalcaba van remachar hasta el 20-N para sembrar el pánico como el eco que tendrá esos discursos en TVE. Ni unos ni otros engañan a nadie. Aunque cada vez que salga Rajoy en el telediario le peguen a Obama diciendo que va a gravar a los ricos o que a cualquier declaración del líder del PP le siga la réplica acuciante de Rubalcaba.

PENSIONAZO

Hace unos días se ha a probado en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, es decir, “el Pensionazo”. Lo hicieron por la puerta de atrás, en Comisión (no tuvieron la vergüenza de hacerlo en el Pleno del Parlamento) y lo ganaron por los pelos con la ayuda de CIU (ya sabemos el coste que nos ha supuesto: los hospitales catalanes). Y es que sólo ha habido un objetivo para el Gobierno socialista: ahorrar en pensiones, pagar menos pensiones, pagarlas más bajas y pagarlas durante menos tiempo, esta y no otra es la realidad.

Tengo claro que no toda forma de ahorro es conveniente y que aumentar la edad de jubilación y al mismo tiempo endurecer las condiciones (todas) para acceder a una pensión, puede ahorrar recursos, pero que el modo elegido es el más injusto no es discutible.

Los ciudadanos se han visto sometidos a un mensaje “corrosivo”. Ha calado que las pensiones no aguantarán en su formato actual y por eso hay que cambiarlo. Pero mientras tanto se les ha negado la explicación fundamental del dilema que tiene nuestro sistema de pensiones y que no es otro que en un sistema de reparto, o hay empleo o hay recortes; o hay más riqueza nacional o se opta por la devaluación de los derechos sociales.

Nadie podrá dudar, una vez oída las explicaciones que han llevado a cabo los diputados socialistas y el Gobierno que apoyan, que no han buscado un punto de equilibrio que hiciera la reforma justa, precisa y eficaz y que así han provocado un camino abierto a las reformas unilaterales de la Seguridad Social.

Además, yo al menos, tengo claro que hemos asistido a un debate sobre la reforma del sistema de pensiones con la convicción de que no se ha producido en el momento adecuado ni bajo las premisas oportunas. No se ha planteado de la forma deseable y la idea que se traslada a los ciudadanos ha sido la de una reforma impuesta en la que la precisión de sus contenidos es lo de menos, y que responde a una lógica externa, de desconfianza económica hacia España y no de una correcta evaluación interna relacionada con los fundamentos de nuestro sistema de pensiones.

No se ha diseñado, una reforma acorde con la verdadera situación de nuestro mercado laboral, de nuestra realidad social y de nuestras características socioeconómicas. No somos Alemania ni Suecia, igual que para otras cosas no queremos ser Grecia.

El PSOE, una vez más, ha tenido que actuar de brigada de limpieza para, con sus muchas enmiendas que tuvo que presentar, intentar paliar los numerosos desvíos, imprecisiones, ambigüedades e improvisaciones del texto del Gobierno e incluso, en algunos temas, llego a cambiar drásticamente el texto del Ejecutivo. Por eso, al final, ha resultado ser una reforma inoportuna, chapucera, desorientada, imprecisa e incoherente.

El PP presentó 67 enmiendas a este Proyecto de Ley. Una vez más los socialistas fueron incapaces de aprobar ni una solo (luego dirán que no tenemos programa, que no hacemos propuestas, que no buscamos arrimar el hombro o que no buscamos el consenso), pese a ser éste un tema de gran sensibilidad social que necesitaría de grandes acuerdos políticos.

Votaron en contra de propuestas que les hicimos encaminadas a:

- mantener la edad de jubilación en 65 años adaptando otros elementos del Sistema a la evolución demográfica y económica, reforzando el principio de contributividad, es decir, acercar la edad real a la edad legal de jubilación.

- respaldar la continuidad laboral e incentivar de forma adecuada la prolongación voluntaria más allá de los 65 años.

- contemplar como un derecho la revalorización automática anual de las pensiones, así como diseñar una reforma más adecuada a nuestro mercado laboral y realidad social.

- configurar un nuevo derecho subjetivo a la jubilación para el trabajador, al que puedan acceder voluntariamente a partir del momento en que se cumplan los requisitos exigidos por la Ley y diseñar una jubilación basada en más libertad de opción individual y un mayor reconocimiento de largas carreras de cotización.

- mejorar el tratamiento de los autónomos; evitar recortes de prestaciones injustos e injustificados; reconocer de forma amplia la aportación de la natalidad en las carreras de cotización de las mujeres y mejorara las bonificaciones por hijos; mejorar los instrumentos complementarios de ahorro para la jubilación y avanzar en el conjunto de las recomendaciones del Pacto de Toledo de 25 de enero de 2011.

En definitiva, nuestra posición, para que se sepa y nadie os la cuente, intenta garantizar para las futuras generaciones un sistema de pensiones financieramente estable y sólido, pero socialmente justo y equilibrado, hecho que con Zapatero y Rubalcaba nadie puede asegurar.