PENSIONAZO

Hace unos días se ha a probado en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, es decir, “el Pensionazo”. Lo hicieron por la puerta de atrás, en Comisión (no tuvieron la vergüenza de hacerlo en el Pleno del Parlamento) y lo ganaron por los pelos con la ayuda de CIU (ya sabemos el coste que nos ha supuesto: los hospitales catalanes). Y es que sólo ha habido un objetivo para el Gobierno socialista: ahorrar en pensiones, pagar menos pensiones, pagarlas más bajas y pagarlas durante menos tiempo, esta y no otra es la realidad.

Tengo claro que no toda forma de ahorro es conveniente y que aumentar la edad de jubilación y al mismo tiempo endurecer las condiciones (todas) para acceder a una pensión, puede ahorrar recursos, pero que el modo elegido es el más injusto no es discutible.

Los ciudadanos se han visto sometidos a un mensaje “corrosivo”. Ha calado que las pensiones no aguantarán en su formato actual y por eso hay que cambiarlo. Pero mientras tanto se les ha negado la explicación fundamental del dilema que tiene nuestro sistema de pensiones y que no es otro que en un sistema de reparto, o hay empleo o hay recortes; o hay más riqueza nacional o se opta por la devaluación de los derechos sociales.

Nadie podrá dudar, una vez oída las explicaciones que han llevado a cabo los diputados socialistas y el Gobierno que apoyan, que no han buscado un punto de equilibrio que hiciera la reforma justa, precisa y eficaz y que así han provocado un camino abierto a las reformas unilaterales de la Seguridad Social.

Además, yo al menos, tengo claro que hemos asistido a un debate sobre la reforma del sistema de pensiones con la convicción de que no se ha producido en el momento adecuado ni bajo las premisas oportunas. No se ha planteado de la forma deseable y la idea que se traslada a los ciudadanos ha sido la de una reforma impuesta en la que la precisión de sus contenidos es lo de menos, y que responde a una lógica externa, de desconfianza económica hacia España y no de una correcta evaluación interna relacionada con los fundamentos de nuestro sistema de pensiones.

No se ha diseñado, una reforma acorde con la verdadera situación de nuestro mercado laboral, de nuestra realidad social y de nuestras características socioeconómicas. No somos Alemania ni Suecia, igual que para otras cosas no queremos ser Grecia.

El PSOE, una vez más, ha tenido que actuar de brigada de limpieza para, con sus muchas enmiendas que tuvo que presentar, intentar paliar los numerosos desvíos, imprecisiones, ambigüedades e improvisaciones del texto del Gobierno e incluso, en algunos temas, llego a cambiar drásticamente el texto del Ejecutivo. Por eso, al final, ha resultado ser una reforma inoportuna, chapucera, desorientada, imprecisa e incoherente.

El PP presentó 67 enmiendas a este Proyecto de Ley. Una vez más los socialistas fueron incapaces de aprobar ni una solo (luego dirán que no tenemos programa, que no hacemos propuestas, que no buscamos arrimar el hombro o que no buscamos el consenso), pese a ser éste un tema de gran sensibilidad social que necesitaría de grandes acuerdos políticos.

Votaron en contra de propuestas que les hicimos encaminadas a:

– mantener la edad de jubilación en 65 años adaptando otros elementos del Sistema a la evolución demográfica y económica, reforzando el principio de contributividad, es decir, acercar la edad real a la edad legal de jubilación.

– respaldar la continuidad laboral e incentivar de forma adecuada la prolongación voluntaria más allá de los 65 años.

– contemplar como un derecho la revalorización automática anual de las pensiones, así como diseñar una reforma más adecuada a nuestro mercado laboral y realidad social.

– configurar un nuevo derecho subjetivo a la jubilación para el trabajador, al que puedan acceder voluntariamente a partir del momento en que se cumplan los requisitos exigidos por la Ley y diseñar una jubilación basada en más libertad de opción individual y un mayor reconocimiento de largas carreras de cotización.

– mejorar el tratamiento de los autónomos; evitar recortes de prestaciones injustos e injustificados; reconocer de forma amplia la aportación de la natalidad en las carreras de cotización de las mujeres y mejorara las bonificaciones por hijos; mejorar los instrumentos complementarios de ahorro para la jubilación y avanzar en el conjunto de las recomendaciones del Pacto de Toledo de 25 de enero de 2011.

En definitiva, nuestra posición, para que se sepa y nadie os la cuente, intenta garantizar para las futuras generaciones un sistema de pensiones financieramente estable y sólido, pero socialmente justo y equilibrado, hecho que con Zapatero y Rubalcaba nadie puede asegurar.